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La caza en Argentina, un negocio millonario a la medida de los extranjeros

Aunque no existen datos oficiales, los ambientalistas hablan de un mercado de U$S 100 millones. Denuncian la falta de controles estatales y la violación de las normas que protegen a los animales. El boom de la "caza garantizada".

En Argentina, la caza está fuera de control.” Así definió Claudio Bertonatti, director del Zoológico porteño, el estado en el que se encuentra en nuestro país el “turismo cinegético”, es decir, la cacería deportiva de animales. Se trata de una actividad siempre polémica, enfocada principalmente hacia los turistas extranjeros que buscan plazas disponibles para cazar animales de gran porte. Como en general no pueden hacerlo en sus países de origen, producto de la dureza de las leyes, deciden venir a lugares donde el marco normativo y los controles son más laxos, como sucede en la Argentina.

Aunque no existen cifras oficiales, distintas organizaciones ambientalistas estiman que por año llegan unos 20 mil turistas-cazadores. Según cálculos de las mismas fuentes, cada uno de ellos gasta U$S 5000, lo que significa un mercado local de 100 millones de dólares. A su vez, de acuerdo a los especialistas, muchas veces este negocio funciona al margen de la normativa que protege a las especies en riesgo y al medio ambiente.

Uno de los puntos más cuestionados es la “caza garantizada”, donde por unos miles de dólares distintas empresas se ocupan de que la pieza ofrecida sea capturada de forma segura por el cliente. En diálogo con Tiempo Argentino, el ambientalista Carlos Fernández Balboa, de la Fundación Vida Silvestre, explicó: “El turista paga un precio determinado para cazar  un animal que es ofrecido a través de una página web. Una vez cerrado el trato, se pacta un lugar. El animal es liberado en ese sitio y al extranjero le dan todas las herramientas para cazarlo.” Por su parte, el director del zoológico porteño fue lapidario sobre esta disciplina: “Es tan deportivo como dispararle a un chico en silla de ruedas”, sostuvo Bertonatti.

En el país, la habilitación de los cotos de caza debe ser avalada por el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Dirección de Fauna de cada provincia. El RENAR informó que existen más de 100 establecimientos autorizados, cuando en 2008 había 22. El sector, por lo visto, está creciendo.

Hoy, en Internet, más de 80 sitios ofrecen este “servicio”. Por citar algunos ejemplos, una de estas empresas, que cuenta con cotos en la región pampeana, ofrece ciervos, antílope negro y jabalíes, entre otras especies. Cada pieza ronda, en promedio, los 1600 dólares. “La cacería es garantizada”, informaron vía mail. Por 300 dólares diarios, además brindan hospedaje, comidas, traslados y armas. El paquete no incluye municiones ni permisos. El mismo funcionamiento tiene otra de estas firmas, también con tierras en La Pampa. En este caso, los precios arrancan en los 1000 dólares y superan los 6000 para animales de gran porte, como búfalos. Una vez terminada la jornada, el turista puede llevarse la cabeza o la piel de su presa. Mayormente, estos “trofeos” van hacia los Estados Unidos y España.

Jeniffer Ibarra, integrante de la Red Argentina Contra el Tráfico de Especies Silvestres (RACTES), está complemente en contra de la caza garantizada. “Es inmoral, antiética y atenta contra el bienestar de los animales y del medio ambiente”, sostuvo. Incluso, llegó a denunciar que en ciertos casos “los animales están encerrados, se los somete a torturas, se los droga y son maltratados”.

Juan Campomar, un cazador con 45 años de experiencia, relativizó las acusaciones. “Las empresas quieren ganar dinero –afirmó Campomar–, pero es muy raro, muy burdo, que sucedan cosas así. Hay otras trampas, más sutiles, que aseguran el resultado, como tener al animal en semi-cautiverio”. De todas maneras, consideró que “cuando a uno le aseguran que va a cazar, se pierde todo el sabor. Es como entrar a la cancha sabiendo que vas a ganar. Para que la caza sea deportiva, el animal y el cazador deben tener las mismas posibilidades.”

Más allá de las posturas encontradas, lo cierto es que la cacería –aún la garantizada– es legal en la Argentina, si bien, para distintos especialistas, se desarrolla en medio de un descontrol normativo. Sucede que cada provincia es la encargada de regular y determinar cómo explota esos recursos, según informó la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación. Por ejemplo, en San Juan y La Rioja la cacería de animales está prohibida, pero en Chubut y Buenos Aires existen áreas habilitadas especialmente por los gobiernos.

Un caso que deja en evidencia las contradicciones sucede en La Pampa y Río Negro, dos provincias vecinas. En la primera, la caza del puma fue prohibida en 2006, mientras que en la segunda, se otorga un subsidio de $ 500 por cada felino derribado, ya que es  considerado una “plaga”.

Respecto del estado general de la cacería en la Argentina, Bertonatti fue claro: “Está fuera de control y los cazadores hacen matanzas indignantes.” Si bien el director del Zoológico porteño reconoció que hubo avances en la lucha contra el tráfico de especies, aseguró que “no se llevan estadísticas de lo que se caza legal e ilegalmente, por lo que se desconoce el impacto de la actividad”. Asimismo, aseguró que “los permisos se otorgan sin examen previo, se habilita a los guías con débiles exigencias”.

En este sentido, la provincia de Buenos Aires es uno de los territorios más cuestionados. A través de una fuente interna –que pidió estricta reserva de su identidad y de la empresa para la que trabaja–, Tiempo tuvo acceso a los registros de una de las firmas de cacería más reconocidas del país, que opera en suelo bonaerense. Allí se detalla lo hecho en 2011 por un grupo de tiradores, integrado por cinco turistas norteamericanos, que se encontraba cazando patos. Usaron 1575 cartuchos y mataron a 877 aves. De acuerdo a la ley, sin embargo, sólo podrían haber derribado a 250.

Para Bertonatti, el origen del problema radica en que “las provincias tienen escaso personal para asegurar el control”. Contrariamente, el cazador Campomar opinó que “en Argentina hay leyes, reglamentos y controles aduaneros bastante efectivos sobre la caza legal. Eso no quita que algunos hagan trampa. Ahora, en lo que se refiere a caza furtiva o comercial, ahí sí está todo descontrolado.”

Este diario se comunicó con la Dirección de Fauna Silvestre, para conocer su posición ante las denuncias relatadas, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Por otra parte, el turismo cinegético también es acusado de generar un alto impacto por contaminación ambiental. La bióloga Sandra Gordillo denunció que, sólo en Córdoba, la caza deja unas 1000 toneladas de plomo al año, por el uso de perdigones de este metal. Según la cámara cordobesa de Turismo Cinegético, al año unos 9800 turistas pasan por la provincia para realizar cacería de palomas y otras especies. Un estudio de 2011 a cargo de María Luisa Pignata, directora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, comprobó que algunas zonas presentaban valores de plomo en suelo y aire muy superiores a los permitidos. Bajo determinadas condiciones, este metal puede causar enfermedades como el saturnismo, que provoca daños neurológicos, anemia e infertilidad y afecta, sobre todo, a niños de seis meses a seis años. Por esta razón, el empleo de municiones de plomo está prohibido en países como Dinamarca, Holanda e Inglaterra. En Córdoba, su uso fue restringido recién en 2012, pero en el resto del país no hay legislación al respecto.

Como se ve, son muchas las razones, culturales, normativas y de negocios, por las que hoy los animales están en el centro de la mira. «

Piden por los últimos yaguaretés

En una serie de movilizaciones realizadas frente al Obelisco y el Planetario porteño, activistas de la Red Yaguareté reclamaron en junio pasado por la matanza y comercialización de 30 jaguares o tigres criollos.

Especialmente, los ambientalistas se manifestaron a raíz del caso de un yaguareté –bautizado con el nombre de Guacurarí– que era monitoreado a través de un collar electrónico y que, sin embargo, fue asesinado por cazadores furtivos en la provincia de Misiones, en febrero pasado.

“A pesar de las severas prohibiciones legales vigentes, el mayor felino del continente se encuentra en una situación dramática. En nuestro país quedan menos de 250 ejemplares en estado silvestre, por lo que existe serio peligro de extinción”, explicó Nicolás Lodeiro, presidente de la organización proteccionista.

Por esta razón, los miembros de la Red Yaguareté exigieron a la Administración de Parques Nacionales y a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se adopten medidas urgentes y concretas. En lo puntual, solicitaron que se asigne un presupuesto para la defensa de la especie y se apliquen las multas que prevé la ley.

Además, reclamaron la designación de una persona en cada uno de los organismos estatales competentes, cuya función sea la de coordinar interdisciplinariamente las acciones que son necesarias para salvar a estos felinos. En la actualidad, la mayoría de los trabajos de conservación son llevados a cabo por fundaciones o asociaciones civiles.

Ciento veinte años atrás, el hábitat de los yaguaretés llegaba hasta las costas del río Negro, en el territorio patagónico. Hoy, estos animales únicamente subsisten en bosques y selvas del norte, en tres poblaciones aisladas entre sí: la selva misionera, la región chaqueña y una porción de las selvas de montaña de Salta y Jujuy.

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